Impuestos sobre la propiedad en Guatemala
El discurso binario de «democracias vs autocracias» va en contra de los intereses de EuropaUna economía más verde: cooperación triangular pionera entre la República de Corea, España y América LatinaAvanzando la agenda de mujer, paz y seguridad en el contexto geopolítico actual
La decisión adoptada el 17 de febrero de 2007 por las autoridades provisionales de Kosovo de declarar la independencia de Serbia (en adelante, la «Declaración de Kosovo» o la «Declaración»)[1] ha creado una considerable agitación en los asuntos internacionales. En el centro de los problemas que surgen en el Palacio de la Paz de La Haya a raíz de esta decisión está el desacuerdo entre terceros Estados sobre cómo debería reaccionar (o debería haber reaccionado) cada uno de ellos en relación con esta decisión.
Nosotros, los líderes democráticamente elegidos por nuestro pueblo, declaramos por la presente que Kosovo es un Estado independiente y soberano. Esta declaración refleja la voluntad de nuestro pueblo y está en plena consonancia con las recomendaciones del Enviado Especial de la ONU, Martti Ahtisaari, y su Propuesta Integral para el Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo»[6].
Impuesto de sucesiones en Guatemala
Ha surgido una controversia entre IC Power y el Gobierno, respecto de la cual la Demandante inició un procedimiento de arbitraje tírese. El objeto de la controversia se refiere a la inversión de la Demandante en el mercado de distribución de energía de Guatemala mediante la compra de dos empresas guatemaltecas, Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. («DEORSA») y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. («DEOCSA» y, junto con DEORSA, las «Distribuidoras») y las medidas adoptadas por el Gobierno con respecto a los impuestos atrasados que supuestamente adeudan las Distribuidoras. El objeto de la controversia se refiere además a los Dictámenes Fiscales Vinculantes emitidos por la Administración, con anterioridad a la adquisición de las Distribuidoras por parte de la Demandante, en relación con la amortización del fondo de comercio generado por una adquisición anterior de las Distribuidoras, realizada mediante una fusión inversa.
Como resultado de la aplicación del derecho internacional público por parte del Tribunal, los resultados a los que llegue en la interpretación y aplicación del tratado pueden diferir de los resultados a los que se llegaría mediante la aplicación del derecho interno en los tribunales de Guatemala.
Constitución guatemalteca
Guatemala impone el impuesto sobre la renta de las personas físicas y jurídicas, operando bajo un sistema territorial en el que el impuesto sobre la renta se aplica únicamente a las rentas de fuente guatemalteca. Por lo tanto, las personas físicas y jurídicas residentes están sujetas al impuesto sobre la renta únicamente sobre las rentas de fuente guatemalteca. Por otro lado, los no residentes tributan a través de retenciones sobre sus ingresos de fuente guatemalteca.
Las empresas se consideran residentes en Guatemala si están constituidas conforme a la legislación guatemalteca y tienen su domicilio fiscal o sede social en Guatemala, o si son una sucursal de una empresa extranjera que opera en Guatemala.
El año fiscal reglamentario va del 1 de enero al 31 de diciembre. En el marco del sistema tributario territorial, los residentes pueden optar por someterse a uno de los dos regímenes siguientes: (1) el régimen tributario opcional simplificado, según el cual el impuesto se aplica a los ingresos brutos a un tipo del 5% o del 7%; o (2) el régimen tributario general, según el cual el impuesto se aplica a la renta neta imponible a un tipo del 25%. Si los residentes optan por el último régimen, también se impone un impuesto de solidaridad con un tipo del 1% sobre el patrimonio total o los ingresos brutos, según cuál sea mayor. Las rentas pasivas se gravan por separado, con un tipo del 5% sobre los dividendos y un tipo del 10% sobre las plusvalías.
Tratado fiscal de Guatemala y EE.UU.
Recinos agregó que debido a su origen anónimo, «las criptodivisas pueden ser fácilmente utilizadas para actividades ilícitas, como lavado de dinero, terrorismo, compra de drogas y evasión de impuestos, entre otras, en un grado que podría ser mayor que con el dinero en efectivo»[4] Por último, Recinos advirtió que las criptodivisas no están respaldadas por ningún gobierno y no dependen de un banco central emisor, por lo que no se trata de mantener su valor en el tiempo, por lo que recomendó a las personas examinar cuidadosamente el tema antes de decidir invertir en criptodivisas[5].
Según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), los mineros de criptomonedas se consideran transmisores de dinero, por lo que pueden estar sujetos a las leyes que rigen esa actividad. En Israel, por ejemplo, la minería de criptomonedas se considera un negocio y está sujeta al impuesto de sociedades. En la India y en otros lugares, la incertidumbre regulatoria persiste, aunque Canadá y los Estados Unidos son relativamente amigables con la cripto minería.
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